En España se han activado cinco tramos de líneas de crédito avaladas por el Gobierno, gestionadas a través del ICO en colaboración con las entidades financieras, para otorgar liquidez a las empresas en la crisis económica actual.
La mayor parte de estos fondos son para las empresas más afectadas, PYMEs y autónomos, pues tienen más dificultades que las grandes compañías para acceder a la financiación y mayores costes fijos en proporción a la facturación.
Los avales tienen carácter retroactivo y pueden solicitarse hasta el 30 de septiembre para las operaciones formalizadas después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, el 18 de marzo. Su vigencia es igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años.
El coste del aval de esos créditos, entre 20 y 120 puntos básicos, lo asumen las entidades financieras. Éstas se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis. También a mantener, al menos, hasta el 30 de septiembre, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados. Sin embargo, muchos bancos están cambiando condiciones anteriores de clientes que hay que renovar por estas nuevas avaladas por el ICO.
Además de estas ayudas, el Banco Central Europeo ha realizado una nueva operación de refinanciación, adjudicando 1,308 billones de euros a una nueva ronda de las subastas TLTRO, en la que ofrece las condiciones más atractivas para la banca hasta el momento. La deuda de los bancos privados españoles con el BCE ascendía ya a 176.042 millones de euros antes de esta subasta.
Los bancos que soliciten fondos, tienen el incentivo de una bonificación del 1% si cumplen con los requisitos del BCE para conceder crédito a la economía real. También utilizarán esos fondos para reforzar su liquidez y renovar líneas de crédito anteriores en mejores condiciones.
Las economías de los países de la zona euro dependen hoy más que nunca del BCE, que tiene en balance cerca de 400.000 millones de euros entre los programas de compra anteriores a la crisis de letras, bonos y obligaciones del Tesoro de nuestro país, equivalentes a más del 20% del PIB de España, al que se han añadido 600.000 millones de euros del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) y la promesa de comprar deuda española por 150.000 millones de euros.
Está previsto que todos estos fondos se destinen a pagar salarios, financiar el circulante, al pago de obligaciones financieras o tributarias a su vencimiento… Sin embargo, hay que considerar que son créditos, no subvenciones, que las empresas tienen que devolver. Por su parte, los bancos asumen el riesgo correspondiente por su concesión, aunque la garantía del Estado cubra una parte del riesgo de impago.
Los comités de riesgos de los bancos tienden a conceder estos créditos especiales pero, a diferencia de las moratorias en hipotecas y préstamos al consumo, tienen que valorar los riesgos de las solicitudes antes de aprobar su concesión. De hecho, se están rechazando muchas solicitudes a causa de riesgos elevados de impagos, más allá del impacto de la crisis del coronavirus en las finanzas de las empresas.
Muchas empresas exploran otros medios alternativos al crédito bancario para cubrir sus necesidades de liquidez. Entre ellos, el SCF o Supply Chain Finance, que permite a los proveedores con esas dificultades de liquidez, obtener fondos gracias a la gestión del pago de las facturas que hace la empresa compradora.
En efecto, las facturas a pagar son un activo dentro de las organizaciones con buena solvencia o posibilidad de acceder a financiación a bajo coste. Estas empresas ven que la tesorería que mantienen en la situación actual de incertidumbre, permanece improductiva. No hay mercado donde colocarla sin riesgo y, sobre todo, a corto plazo.
A través del SCF las empresas solventes tienen la posibilidad de gestionar el pronto pago de las facturas con ayuda de la tecnología, lo que les permite flexibilizar, automatizar y rentabilizar la gestión de la liquidez, con el objetivo subyacente de que los proveedores tengan la que necesitan. Los anticipos a proveedores son una solución alternativa a la búsqueda de instrumentos de financiación del cobro por parte de las empresas proveedoras, que no suponen ningún riesgo para las empresa pagadoras solventes ni para sus proveedores.
Por ello, el SCF disminuye el riesgo país porque, al anticipar los pagos de las facturas a los proveedores y obtener éstos liquidez, se retiran del mercado potenciales créditos avalados por el ICO u otro tipo de créditos que podrían no ser devueltos por las empresas que entren en problemas financieros o en suspensión de pagos.
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